Reforma y
contrarreforma agraria en Colombia.
Albán, A. (2011).
(Resumen).
En diferentes momentos de la historia colombiana desde el año 1920 se
han propuesto soluciones políticas para resolver los problemas que se han
generan en torno a la posesión de la tierra, además de problemas como el
desplazamiento forzado, la violencia, injusticias sociales, falta de políticas
comprometida con la población campesina. Las leyes planteadas se han dado en
torno a la redistribución de la tierra, para lo cual han realizado cambios
estructurales agrícolas en el orden político y económico, estos cambios han
tenido repercusiones en las altas esferas sociales; desde los hacendados,
latifundistas, terratenientes, capitalistas y multinacionales, quienes se han
valido de las distintas reformas agrarias para expandir sus territorio agrícola
utilizando diferentes mecanismos políticos y económicos. En respuesta a éste
tipo de acciones que han impedido que se realicen verdaderas reformas agrícolas
se produce la contrarreforma agraria como acciones para corregir las nuevas
tendencias políticas, sociales y económicas que nuevamente amenazan la
estabilidad y producción del campo.
La ley 200 de 1936 fue la respuesta a la crisis que política y social,
regulando la tenencia de la tierra y reconociendo el derecho de posesión de
tierra de los trabajadores rurales, en respuesta a ésta ley se creó la ley 100
de 1944 frenando el incremento del latifundio, además de aumentar la producción
de alimentos. En 1961 fundó la ley 135 con el objetivo de modernizar la
explotación de las tierras eliminando la excesiva concentración. Las leyes 4°,
5° y 6° de 1973 dieron por terminada la anterior reforma agraria, y con las
cuales se dio impulso al modelo de exportaciones agrícolas y “capitalización de
la gran propiedad” dando como resultado la concentración de la tierras y
expulsión de las comunidades de sus territorios. Con la ley 160 de 1994 se
brindó a los campesinos acceso a las tierras para mejorar las condiciones de vida. En torno a la tenencia de la tierra han
surgido intereses económicos por parte de grupos y organizaciones legales como
ilegales las cuales han provocado desplazamiento de la población, despojo de
sus territorios, actos de violencia, siendo vulnerable la población ante éstas
injusticias.
Se puede observar que son ineficaces las políticas de Estado para
resolver los verdaderos problemas que afronta el campo, no se cuenta con un
análisis profundo que permita visionar el tema agrario local y nacional, por lo consiguiente esto permite
que se abuse de los vacíos jurídicos y legales, dando como resultado la
inoperancia total o parcial de la ley, por lo tanto constantemente se realizan
contrarreformas, que tienen que estar actuales con los nuevos conflictos
sociales, económicos y políticos que detienen el desarrollo del campo. Para
desarrollar tales políticas independientes de cualquier interés e integrales
humanamente se necesita del compromiso de todos los actores involucrados incluidas
a las altas esferas sociales, que tienen grandes capitales invertidos en el
campo, permitiendo el desarrollo deseado en la estructura agrícola nacional.